El miércoles 31 de octubre, a las nueve de la noche, cuando se dirigía a su casa en el sector La Palma, Nueva Bolivia, estado Mérida, fue asesinado Luis Fajardo, miembro del Comité Central del PCV y dirigente campesino. Luis Fajardo se trasladaba en una moto para su casa junto a su cuñado, el activista campesino Javier Aldana. Ambos fueron asesinados con ráfaga de disparos realizada desde un vehículo en marcha. La dirección nacional del PCV denunció anteriormente las amenazas a la vida de Fajardo, sin que las autoridades tomaran ninguna acción preventiva. El PCV responsabiliza del asesinato de nuestro a los terratenientes del Sur del Lago, a miembros de la Guardia Nacional y políticos corruptos que públicamente le amenazaron.

Mientras los pseudo-socialistas en el poder (PSUV), se han enriquecido y muchos de ellos viven hoy en España y Estados Unidos, llamándose «perseguidos políticos» mientras disfrutan de los millones de dólares robados al pueblo venezolano, los verdaderos militantes socialistas de base son asesinados. Todo esto sucede ante la mirada complaciente del gobierno que no tiene ningún control sobre las fronteras venezolanas, mientras la Guardia Nacional Bolivariana se hace complice de grupos armados irregulares colombianos, de narcotraficantes y terratenientes y hacendados vinculados al contrabando de alimentos y ganado hacia Colombia.

Son más de 350 los casos de campesinos y campesinas asesinados por sicarios en el campo venezolano, en los últimos 17 años. Estas muertes violentas son expresión de la arremetida latifundista contra el derecho a la tierra, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y en la Ley de Tierras de y Desarrollo Agrario (2001), siendo este último uno de los instrumentos legales fundacionales del proceso revolucionario venezolano. La problemática del sicariato en contra de las comunidades campesinas ha sido uno de los temas llevados ante el Presidente de la República por las y los participantes de la Marcha Campesina Admirable, que el pasado 1ero de agosto llegó a la ciudad de Caracas, luego de veinte días y más de 400 kilómetros de camino a pie, recorrido con el propósito de hacer valer sus derechos y entregar sus propuestas ante el Gobierno Nacional.