Parlamentarios de varios partidos políticos de oposición se vienen
prestando desde hace algunos meses para hacer por encargo gestiones
informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Emiten cartas de buena
conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las
importaciones para los combos CLAP, con el objetivo de que esos
organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos
Lizcano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y
Álvaro Pulido. Que del seno de la Asamblea Nacional ‘en desacato’ surja
una defensa activa del principal programa social y foco de corrupción
del Gobierno de Nicolás Maduro, es solo una de las ironías de esta
historia
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